Zamora. Los siete jueces de paz de Zamora Chinchipe, participaron del taller de fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia de Paz, promovido por el Consejo de la Judicatura (CJ).
En el marco del Programa Nacional de Mediación y Cultura de Paz. Mejorar sus actuaciones dentro de sus competencias y solventar ciertas dudas, fueron parte de los objetivos de esta capacitación.
Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley.
Entre las temáticas abordadas en este seminario destacan: competencias exclusivas, jurrisdicción, técnicas de conciliación, manejo del conflicto, construcción de acuerdos y la resolución.
Anabel Riofrío, analista de Justicia de Paz del CJ, fue la encargada de impartir el seminario teórico y práctico. “Este aprendizaje estuvo enfocado en el ejercicio de sus funciones, de manera que mejoren su actuación, aclaren sus dudas, así como también, corrijan los errores que afectan sus intervenciones”.
“La Justicia de Paz es una forma de administración de justicia donde habitantes de sectores rurales y urbano marginales resuelvan sus conflictos a través del diálogo y resoluciones en equidad, además, los comuneros ahorran tiempo y dinero”, señaló, Beatriz Reátegui, directora provincial del CJ en Zamora Chinchipe.
La provincia tiene siete jueces de paz distribuidos en las parroquias Sabanilla (Zamora), Imbana (Zamora), Timbara (Zamora), Nuevo Quito (Paquisha), Nuevo Paraíso (Nangaritza), Zurmi (Nangaritza) y Chicaña (Yantzaza), para este año se prevé implementar este proyecto en La Chonta y El Chorro (Chinchipe).
Los jueces son líderes en sus comunidades que tras un proceso de capacitación y elección consensuada, ofertan sus servicios voluntarios, ocho horas a la semana y solucionan conflictos internos de su población.
Estos operadores de justicia, no pueden conocer casos de violencia contra la mujer, niñas, niños o adolescentes; en tales situaciones deberán remitir el expediente a las autoridades competentes.
