Quito. Los abogados en libre ejercicio que se graduaron antes del 9 de marzo de 2009 no necesitan presentar obligatoriamente la credencial del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura (CJ) para litigar en las unidades judiciales del país. Así lo aclararon la Dirección General y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la entidad.
La decisión es resultado de las mesas de trabajo mantenidas por las autoridades del Consejo de la Judicatura con los gremios de abogados del país, en el marco de una política institucional de apertura al diálogo y gestión transparente.
La medida busca garantizar la seguridad jurídica y, en consecuencia, brindar certeza a las partes procesales, evitar interpretaciones contradictorias que puedan vulnerar derechos y agilizar el desarrollo de las diligencias judiciales a escala nacional.
El nuevo lineamiento establece con claridad dos regímenes de acreditación. Los abogados titulados antes del 9 de marzo de 2009, así como quienes obtuvieron títulos extranjeros que fueron revalidados antes de esa fecha, están habilitados para ejercer el patrocinio legal con el carné de sus respectivos Colegios de Abogados o con su matrícula histórica ante la Corte Nacional o las Cortes Provinciales.
En cambio, los abogados titulados después del 9 de marzo de 2009 mantienen la obligación legal de estar inscritos en el Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura y contar con su respectiva credencial institucional.
Con el propósito de evitar que la falta del carné físico interrumpa la tramitación de los procesos, el Consejo de la Judicatura instruyó a los jueces y servidores de las unidades judiciales que, si un profesional graduado después de marzo de 2009 acude a una audiencia únicamente con la credencial de su colegio profesional, se verifique de inmediato su estatus en el sistema informático del Foro de Abogados. Si el abogado consta como activo en la plataforma digital, se le permitirá ejercer su actividad de patrocinio sin exigir la presentación del carné físico.
Esta acción, respaldada en sentencias de la Corte Constitucional y en el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado, busca fortalecer la seguridad jurídica y contribuir a una gestión procesal más eficiente a escala nacional.
