Quito.- Con base en 17 elementos de convicción, en 2011 se inició la instrucción fiscal contra un exministro y exvocales del BNF por la importación de harina y urea. Un total de 17 elementos de convicción encontró la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) reposa el proceso No. 082-2011, por el presunto delito de peculado en contra de Walter Poveda Ricaurte, exministro de Agricultura y exmiembro del Directorio del BNF; Galo Naula Zambrano, expresidente del Directorio; Marina Cumandá Centanaro Rodríguez, exgerente, y los exvocales del Directorio Rodrigo Mena Ramos, Jorge Fernando Olmedo y Jaime Rojas Rojas. Sobre la irregular importación, compra y venta de esos productos existe el informe del examen especial de Contraloría DAl-0065-2009, al período del 1 de marzo de 2007 al 31 de julio de 2008.
Contraloría analizó el proceso de adjudicación del contrato para adquirir 39.000 toneladas métricas de harina de trigo, a $528,22 la tonelada, por $ 20’600.588, a la empresa Cargill Sociedad Anónima Comercial e Industrial de Argentina, suscrito el 1 de abril de 2008.
El lunes pasado, el caso cobró vigencia luego de que Elio Peña, asambleísta de Zamora e integrante de la Comisión de Justicia, presentó una solicitud a la FGE: pide conocer si hubo o no impulso a la acción penal por el supuesto perjuicio millonario al Estado. Incluso, pidió indagar la presunta inacción del exfiscal Galo Chiriboga.
En el pedido, Peña dice que el 25 de enero de 2011 la FGE, por solicitud del entonces fiscal general (s) Alfredo Alvear, pidió a la CNJ llamar a audiencia de formulación de cargos, sustentándose en el informe de Contraloría.
Según consta en la resolución de la audiencia de formulación de cargos de la Fiscalía (del 25 de noviembre de 2011), Centanaro declaró que en su calidad gerente y en atención al Decreto Ejecutivo No. 867 dictado por el presidente, Rafael Correa, en el que disponía al BNF comprar harina para cubrir la demanda, solicitó al Directorio consultar por escrito a todos sus integrantes, quienes se pronunciaron favorablemente y resolvieron recomendarle a ella la declaratoria de emergencia para realizar la adquisición.
Poveda adujo que la única información que tuvo con relación a la negociación para la compra de 39.000 toneladas de harina fue la carpeta facilitada por la Secretaría del BNF a los miembros del Directorio. Dijo que conoció que el Directorio efectuó solicitudes y procesos con la Contraloría para cumplir con la Ley y que jamás existió faltante en perjuicio del Estado, más bien un ahorro de $ 8’000.000.
