

Las jornadas, tanto académicas como prácticas, están dirigidas a técnicos de varias instituciones públicas de la provincia vinculadas con el tema ambiental. El objetivo es que luego del taller los participantes difundan esta información a otras organizaciones o instituciones como los Gobiernos Parroquiales.
Dos técnicos de Enginyeria Sense Fronteres (Ingeniería Sin Fronteras) son los encargados de dirigir las actividades que están divididas en cinco módulos de trabajo. Este organismo internacional desarrolla un trabajo similar al de la provincia de Orellana con su proyecto de “Fortalecimiento de capacidades locales para el ejercicio y defensa de los derechos humanos y la gestión ambiental sostenible en el marco de las industrias extractivas en Perú y Ecuador (Redex)”.
Albert Pérez, coordinador del proyecto Redex, compartió las experiencias del trabajo realizado en la provincia de Orellana. “La formación que nosotros planteamos es de dos días en el ámbito técnica legal y dos días en formación técnica ambiental. Esta formación no la daremos nosotros sino el Gobierno provincial”, explicó.
Según Isabel Gomariz, responsable de Cooperación Internacional del Gobierno Provincial, la información y conocimiento muchas veces no es tan valorado como la inversión económica.
“Los técnicos de Ingeniería Sin Fronteras no llegan a capacitar, lo que quieren es compartir la información que disponen para enriquecerla con las aportaciones que den los participantes del taller”.
La duración del taller es de tres días y se abordará temas como: la actividad minera y biodiversidad, el medio ambiente, el recurso natural del agua y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
Paúl Palacios, director de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial, recalcó la importancia de este tipo de talleres, ya que esto les permitirá capacitar a los funcionarios de los Gobiernos Parroquiales.
“Hemos visto como aliados en temas ambientales a los Gobiernos Parroquiales, por eso hemos emprendido todo este proceso de coordinación y capacitación para que ellos, que están más cerca de las comunidades, sean quienes puedan actuar directamente”.
Con esto se pretende capacitar a las comunidades para que conozcan más acerca de los derechos de la naturaleza, algo que pocas instituciones públicas incluyen dentro de sus políticas.

