Zamora. El Asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez, prepara una acción penal en contra del Gerente de EP PETROECUADOR, Marco Calvopiña, y un juicio político al Ministro Wilson Pastor, por supuestos hechos de corrupción registrados en la firma de contratos petroleros por U$ 1700 millones, con dos empresas de papel: Consorcio Shushufindi y Pardaliservices, creadas un mes antes de la firma de los contratos.
Jiménez reveló además la supuesta vinculación entre el Secretario Adhoc y patrocinador de la compañía Pardaliservices, Bruno Pineda Cordero, quien es hermano de Michael Pineda Cordero, asesor jurídico de Alexis Mera, en la Presidencia de la República. Bruno Pineda Cordero está vinculado al poderoso bufete petrolero Pérez Bustamante, otrora calificado de neoliberal por Rafael Correa.
También, Jiménez acusa a Correa de beneficiar a Sertecpet, empresa de propiedad de Eduardo López, ex ministro del gobierno de Lucio Gutiérrez, compañía en la cual, ocuparía un alto puesto un hermano del Vicepresidente Lenin Moreno. ¿Cómo se explica el Presidente que en público insulta, y en privado le pasa un millonario negocio a quien fue ministro de Energía y Minas del régimen gutierrista? preguntó el legislador.
Nos metieron gato por liebre, agregó Jiménez, al recordar que el Presidente de la República garantizó que los referidos contratos se suscribían con empresas de alta experiencia y solvencia económica del mundo, como: Schlumberger, Tecpetrol, Canacol y la ecuatoriana Sertecpet; pero, ante los ojos del propio Presidente, aparecieron dos paseantes extranjeros, ilustres desconocidos, quienes constituyeron días antes, empresas de papel que no tienen ninguna vinculación directa, con las renombradas compañías petroleras.
Entre tanto, el analista Fernando Villavicencio, explicó que los dos contratos son nulos, porque vulneran la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Contratación Pública, la Ley de Empresas Públicas y el propio Reglamento de Obras Bienes y Servicios Específicos, que obliga a Petroecuador a garantizar certificada experiencia, solvencia técnica, económica y financiera de parte de las contratistas, lo que en este caso no existe.
