Zamora. Antonio Gonzalo Aguilar, es el nuevo defensor provincial de Zamora Chinchipe el mismo que ejerce su función desde el miércoles 09 de mayo ; sostuvo que su trabajo se enmarcará según lo estipula la ley siempre y cuando defendiendo los derechos de la población zamorana.
La defensoría del pueblo se creó con la finalidad velará por prevenir e impedir la tortura, tratos crueles, degradantes o discriminatorios. Adicionalmente, podrá patrocinar e impulsar acciones de protección, de incumplimiento, habeas corpus, habeas data, y reclamos por mala calidad o prestación indebida de servicios públicos.
Su principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo público, establecer mecanismos y políticas anticorrupción y designar, a través de Comisiones Ciudadanas de Selección, a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la Ley.
El nuevo defensor del pueblo en la provincia anteriormente fue Registrador de la Propiedad en el cantón Zamora. Aguilar aseguró que seguirá efectuando los proyectos que anteriormente ha realizado Bolívar Ruiz, quien renunció a su cargo en días anteriores. Acotando que no ha participado en ningún concurso de merecimientos ya que el cargo es de libre remoción.
Finalmente el titular de la defensoría del pueblo acotó nosotros estaremos vigilantes de cualquier asunto que se está presentando y que vaya a tentar contra los derechos fundamentales constitucionales de todas las personas de nuestro país.
Los requisitos, según la constitución, para ser Defensor del Pueblo son:
Para ser designado Defensora o Defensor del Pueblo será necesario cumplir con los mismos requisitos exigidos para las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia que son los siguientes:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos políticos.
2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.
3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años. y acreditar amplia trayectoria en la la defensa de los derechos humanos.
